Durante la cuarta semana del mes de junio, tuvo lugar en San José, la 27° Reunión anual de Presidentes de los Órganos de Tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al respecto, es importante resaltar que es la primera vez que se reúnen en nuestro continente, lo cual permitió entablar un diálogo con organizaciones de la sociedad civil de países como: Costa Rica, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá.
Los órganos o comités de expertos independientes supervisan el cumplimiento de los Estados que se han comprometido en la realización de los derechos humanos. Dentro de sus funciones, destaca la evaluación de los informes que presentan los países, el conocimiento de las denuncias o comunicaciones individuales y la elaboración de observaciones generales sobre las disposiciones de los tratados y temas relacionados.
Antes de celebrar la reunión, la Defensoría de los Habitantes conjuntamente con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, se dio a la tarea de organizar y preparar a diversos grupos de la sociedad civil, incluido el de población adulta mayor, a través de varias sesiones de trabajo.
De este modo, el 25 de junio, las distintas organizaciones tuvieron la oportunidad de exponer acerca del estado de situación de los derechos de: las mujeres, la niñez y la adolescencia, las personas con discapacidad, migrantes, afrodescendientes, indígenas, adultas mayores, LGBTI, privadas de libertad, entre otras en condición de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, se hizo entrega de un informe nacional que da cuenta del nivel de cumplimiento de los derechos de los diferentes grupos, conforme con los tratados universales y específicos de protección de derechos humanos.
Por esta razón, compartimos la propuesta textual formulada por el Foro Permanente de análisis y propuestas de las políticas públicas en materia de vejez, envejecimiento y Personas Adultas mayores, que fue incorporada el documento presentado por la sociedad civil costarricense.
1. “Es poco el avance en cuanto al trato preferencial o diferenciado que se requiere para el goce efectivo de los derechos de la persona adulta mayor, dado que aún se concibe a esta población como mera receptora de la asistencia social y no como titular de derechos en condiciones de igualdad y de no discriminación, tanto en lo público como en lo privado.
2. Existe una reciente política nacional de vejez y envejecimiento que carece de un plan de acción frente a las consecuencias sociales, económicas y culturales del envejecimiento poblacional e individual que determine con claridad las medidas aplicables para hacer efectiva las líneas estratégicas que la orientan.
3. En relación con el pleno disfrute del derecho a la salud, los lineamientos que rigen la prestación de los servicios, no contemplan la perspectiva de la vejez y de atención integral para asegurar un trato prioritario a las personas adultas mayores que contribuya a disminuir los factores de riesgo que causan la dependencia y, a la vez, asegure la equidad en el acceso a los servicios y tratamientos de salud.
4. Se promueven reformas en los sistemas de pensiones contributivas que prolongan la edad del retiro o jubilación poniendo de manifiesto que un buen porcentaje de la población adulta mayor deberá mantenerse en el mercado laboral. En forma contraria, no existe una política contra la discriminación por edad en la contratación laboral, que además considere la creación de un fuero de protección especial en el empleo que garantice los derechos laborales de las personas conforme avanzan en edad.
5. Por su parte, los parámetros del sistema no contributivo de pensiones para medir la pobreza presentan importantes inconsistencias para la valoración de las condiciones particulares de las personas adultas mayores, porque no considera el contexto geográfico, la perspectiva de género, entre otros elementos de diferenciación para disminuir los niveles de desigualdad y elevar los tendientes a la equidad social existente.
6. En el marco de un entorno propicio y favorable se reconoce a las personas adultas mayores un descuento tarifario en el uso del transporte público; sin embargo, esta medida se ha convertido en una acción discriminatoria ante las diversas formas de maltrato que sufre esta población por parte de los operadores del servicio y la indiferencia de las autoridades públicas de supervisión y fiscalización respectivas.
7. Las actuales condiciones de atención de personas adultas mayores dentro de establecimientos de larga y transitoria estancia, evidencian la saturación de estos centros y un auge en la demanda de servicios por parte de las familias, por lo cual se visualiza la necesidad de promover desde la política estatal programas diferenciados para la atención domiciliar de las personas adultas mayores”.
Artículo elaborado con aportes de:
Licda. Sonia Selva Marín, Licda. Rossy Zúñiga Villegas y Magister Ana Cecilia Murillo.
Integrantes del Foro Permanente de análisis y propuestas en materia de vejez, envejecimiento y persona adulta mayor.
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